La despoblación viene después (I)
¿Hay que asumir que la despoblación es inevitable?
En realidad ¿a quién le importa la despoblación? No puede ser verdad que esta realidad incómoda preocupe tanto, cuando las políticas que se ponen en práctica “allí donde está el problema” estén contribuyendo a potenciarla. Y es que ese es el resultado, cuando las medidas contra la despoblación que se aplican no solo no fijan población (lo mismo aquí que en Alemania) si no que la aminoran.
La evolución de la población no es un problema específico de nuestra Comunidad sino algo que atañe a la mayoría de las regiones europeas de manera que encontramos muchos territorios del nordeste, del este y parte del sudeste europeo que presentan saldos migratorios negativos, con problemas de pérdida de población similares a los nuestros.
Las más afectadas son las regiones del este de Alemania, Polonia, Bulgaria, Eslovaquia, Hungría, Rumanía; los tres Estados Bálticos; las regiones del Norte de Suecia y Finlandia, y varias regiones de Grecia, pero en Castilla y León, además, no se trata de un fenómeno exclusivo de las zonas rurales sino que ya se ha extendido a las capitales de provincia, donde del total de 21.718 habitantes menos en 2017, todas las capitales excepto a Ávila (que ganó 66, aunque el conjunto de la provincia perdiera 1.814) se han visto afectadas.
Dicen en Europa que la evolución de la población es una de sus prioridades estratégicas y que para muestra ahí está la publicación de la Comisión “El futuro demográfico de Europa: transformar un reto en una oportunidad” del año 2006, cuyo objetivo era afrontar el cambio demográfico de una manera global, sin que sepamos muy bien por qué (o tal vez sí) doce años después, la población siga bajando.
Se viene denunciando en la Castilla y León rural y no sin razón, la “carencia de servicios públicos” (de los que en otros momentos sí se dispuso) y la vulneración de Derechos Fundamentales que ello implica. En la medida en la que un número creciente de ciudadanos no pueda ejercerlos, de nada sirve que se reconozcan Derechos como la Sanidad o la Educación, pero no caigamos en el error de considerar la ausencia de servicios públicos entre las “causas” cuando, en términos de despoblación, les corresponde la categoría de “consecuencias”.
Los Poderes Públicos suelen retrotraer esta sensación de “fracaso colectivo” con el que la sociedad de Castilla y león ha abordado el fenómeno de su despoblación hasta los tiempos de aquella “sangría migratoria” que la arrasó a partir de 1950 (con especial virulencia en las décadas de los ’60 y ’70) estimándose que hasta su constitución como Comunidad Autónoma (1983) Castilla y León llegó a perder cerca de 300.000 habitantes. Evidentemente, no podemos dejar de contar con este periodo como elemento que también ayuda a explicar el punto en el que estamos, aunque la despoblación como fenómeno global, el éxodo rural masivo, la fuga de jóvenes, habiendo sido hechos ciertos en la Castilla y León de décadas pasadas del XX, sigue en el Siglo XXI.
No podemos negar que la industrialización de las ciudades, que succionó habitantes de las zonas rurales, junto con la automatización de las tareas agrícolas, ha ido creando unas condiciones que han contribuido a una despoblación que los Poderes Públicos no han sabido contrarrestar. Hemos ido parcheando con más o menos suerte y desde una perspectiva cortoplacista los pinchazos que se han ido produciendo con una central nuclear por aquí y otra térmica por allá, poniendo recursos públicos a disposición de multinacionales que nos están dejando (o nos dejarán) en la estacada en cualquier momento, avocados a que la situación entre en fase de muerte clínica más pronto que tarde.
Y es que no sólo faltan servicios; en 2017 la Consejería de Economía identificó más de 730 municipios en nuestra Comunidad que carecían de comercios de productos básicos y unos 230 que disponían de un solo establecimiento y es que, la ausencia de abastecimientos también es consecuencia (que no causa, insisto) de la travesía poblacional por la que estamos atravesando.
